¿Están todos los padres calificados para decidir sobre la educación de sus hijos?

Uno de los cuestionamientos usuales al proyecto de Ley de Libertad Educativa sostiene que no todos los padres están calificados para decidir qué educación resulta más conveniente para sus hijos. Muchas familias carecerían de la formación necesaria para tomar buenas decisiones.Pero la sospecha no suele dirigirse hacia todas las familias. Nadie exige a los padres con recursos que demuestren su capacidad antes de elegir una escuela privada. El cuestionamiento aparece cuando se propone reconocer dicha posibilidad a quienes viven en la pobreza.¿No es acaso un argumento discriminatorio? No existe forma de negarlo: asocia pobreza, escasa educación o una vida difícil con ausencia de responsabilidad hacia los hijos.Los hechos desmienten ese prejuicio; veamos algunos casos. En mayo de 2024, LA NACION publicó la historia de Milagros González, licenciada en Nutrición y primera universitaria de una familia de Merlo. Sus padres habían comenzado a trabajar a los trece y diez años y sólo habían completado la escuela primaria. Sin embargo, postergaron otros gastos y, aun cuando les resultaba difícil pagarla, enviaron a sus hijos a una escuela privada porque consideraban que la educación debía ser la prioridad. Querían para ellos oportunidades que sus propias vidas no les habían brindado.Esta historia no constituye una excepción sentimental. En circunstancias mucho más extremas, padres afectados por la prostitución, la migración forzada, la violencia o la pobreza extrema han realizado esfuerzos concretos para ofrecerles a sus hijos una vida diferente.En junio de 2004, The New York Times Magazine relató la primera lotería de ingreso a Promise Academy, una escuela creada en un área de Nueva York donde más del 60% de los niños vivía bajo la línea de pobreza. Para 180 vacantes se presentaron 359 solicitudes. El auditorio estaba colmado de familias. Una mujer cuya sobrina vivía con su madre en refugios para familias sin hogar explicó, entre lágrimas, que aquella escuela les ofrecía una educación que no tenían medios para pagar. Quienes quedaron en lista de espera preguntaban qué podían hacer para conseguir una vacante. La nota refleja cómo familias de uno de los sectores más desfavorecidos de Nueva York buscaban activamente una mejor educación para sus hijos.En noviembre de 2014, The Guardian, diario británico, relató la experiencia de Prerana, una organización dedicada a proteger a los hijos de trabajadoras sexuales en Kamathipura, el famoso barrio rojo de Mumbai. Hijos de trabajadoras sexuales, algunos de apenas cinco años, corrían detrás de taxis para atraer clientes hacia los burdeles donde trabajaban sus madres. Cuando Prerana conversó con las madres, expresaron que querían para sus hijos una vida digna y alejada de ese mundo. La organización comenzó entonces a ayudarlos a ingresar en la escuela municipal y a evitar su deserción. Es claro que aquellas mujeres no querían que sus hijos reprodujeran la vida que ellas padecían.En junio de 2024, El País documentó una experiencia en Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobres de Bogotá, donde casi 500 niños intentaron ingresar a Still I Rise, una escuela gratuita para familias empobrecidas, migrantes y desplazadas. Entre ellas se encontraba Yamileth Julio Berrío, madre soltera de tres niñas, desplazada por la violencia paramilitar. Su propia escolaridad había terminado cuando los paramilitares amenazaron con matar a quien regresara a la escuela de su pueblo. Al hablar de su hija Melani, afirmó: “Me da mucho orgullo saber que mi hija no se va a morir sin saber leer ni escribir como mis padres”. La violencia había interrumpido su educación, pero no le impedía reconocer la que deseaba para sus hijas.En febrero de 2025, Associated Press describió una escuela creada en Nouadhibou, Mauritania, para hijos de migrantes y refugiados de África occidental. Muchas familias no podían ingresar al sistema oficial porque carecían de documentación. Aunque no planeaban permanecer en Mauritania, los padres describían la escuela como una tabla de salvación para el futuro de sus hijos. Aun sin estabilidad jurídica, con escasos recursos y sin saber dónde terminarían viviendo, procuraban que sus hijos continuaran estudiando.Un último ejemplo. En febrero de 2026, The Guardian documentó la situación de los niños nacidos en Daulatdia, Bangladesh, uno de los mayores barrios legales de prostitución del mundo. Durante décadas habían permanecido fuera de los registros oficiales porque sus madres eran trabajadoras sexuales y sus padres eran desconocidos. Algunas madres enviaban a los niños a escuelas religiosas no reguladas; otras pedían a hombres conocidos que se presentaran falsamente como padres para conseguir su inscripción. Es difícil imaginar una evidencia más concreta de responsabilidad parental. Aquellas madres recurrían incluso a padres ficticios para que sus hijos pudieran estudiar.Reconocer la responsabilidad parental no significa declarar infalibles a los padres. Significa no presumir su incapacidad por el solo hecho de que sean pobres, posean poca educación o vivan en contextos profundamente deteriorados. Existen padres negligentes, violentos o incapaces de cuidar adecuadamente a sus hijos, en todo estrato social. Para esos casos deben existir mecanismos eficaces de protección. No existe duda de que el Estado tiene un rol indelegable.Éste es el punto que debería preceder a cualquier discusión sobre la Ley de Libertad Educativa. El proyecto no requiere suponer que todos los padres tomarán siempre la mejor decisión. Requiere una presunción mucho más modesta: que las familias, también las más pobres, sean reconocidas como sujetos responsables y no como simples destinatarias de lo que otros decidan para ellas.Desconocerlo es discriminación.