Cuáles son las cinco ciudades demandadas por Newsom por incumplir una ley clave en California

Por incumplir la Ley del Elemento de Vivienda de California, la administración de Gavin Newsom inició acciones legales contra cinco gobiernos municipales. La medida busca obligar a las jurisdicciones a adoptar planes que contemplen la cantidad de hogares asignados para distintos niveles de ingresos.Newsom intensifica la presión contra los gobiernos que no impulsan la construcción de viviendas en CaliforniaLa oficina del gobernador de California informó que las cinco jurisdicciones acumulan al menos dos años y medio de retraso respecto del plazo para adoptar un elemento de vivienda que cumpla con los requisitos estatales.El fiscal general de California, Rob Bonta, y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado (HCD, por sus siglas en inglés), de acuerdo con KTLA 5, presentaron las demandas en contra de:Calexico Costa Mesa Half Moon Bay Ridgecrest TurlockNewsom declaró en un comunicado: “California no puede resolver la crisis de vivienda mientras algunas ciudades se quedan de brazos cruzados y nos desafían a hacer algo al respecto”. El gobernador añadió que las jurisdicciones demandadas tuvieron múltiples oportunidades para cumplir la ley y planificar la distribución equitativa de la vivienda, pero optaron por no hacerlo, “así que ahora tendrán que rendir cuentas ante los tribunales”, sentenció.Las leyes que infringieron las ciudades de California demandadas por NewsomSegún el comunicado, desde 1969 el Estado exige a cada ciudad y condado planificar vivienda para todos los niveles de ingresos. Es responsabilidad de las autoridades locales describir al HCD cómo planean cumplir con el objetivo y actualizar sus planes cada cinco u ocho años. Según la Ley de Responsabilidad de Vivienda, una jurisdicción que no adopte a tiempo un plan conforme a la normativa puede quedar sujeta a la denominada “Medida del Constructor”. Bajo ese mecanismo, generalmente no puede rechazar por razones de zonificación determinados proyectos que incluyan los porcentajes exigidos de viviendas para personas con ingresos bajos o moderados.Además, la Ley del Senado 1037, firmada en 2024 y vigente desde el 1.° de enero de 2025, estableció sanciones civiles mensuales para los gobiernos locales que no cumplan a tiempo. El dinero recaudado se destina a un fondo que financia viviendas asequibles dentro de la jurisdicción afectada.Qué respondieron las ciudades demandadas por incumplir la ley de vivienda en CaliforniaAutoridades de tres de las cinco ciudades demandadas por la administración Newsom en California enviaron una respuesta al respecto a KTLA 5. Estos son los detalles: Ciudad de Calexico: “La ciudad ha avanzado considerablemente en la revisión de su Plan de Vivienda y está incorporando activamente los comentarios del HCD en el borrador actualizado. Mediante la coordinación continua, se perfeccionan los programas de vivienda, políticas y análisis del inventario de terrenos para apoyar la construcción de viviendas y satisfacer las necesidades comunitarias a largo plazo”.Alcalde de Costa Mesa, John Stephens: “Nos sorprende y decepciona que el estado haya presentado una demanda tan innecesaria. Llevamos años en el trabajo de abordar la crisis de la vivienda con avances notables. De hecho, la demanda del estado reconoce que actualmente estamos colaborando con el HCD para obtener la certificación de nuestro programa de vivienda". Ciudad de Ridgecrest: “Hasta el momento, la ciudad no ha recibido ninguna notificación legal del Estado de California. La ciudad colabora con el HCD para abordar los requisitos restantes del Plan de Vivienda y espera recibir la certificación próximamente".Huntington Beach, la ciudad de California que ya enfrentó consecuencias por no cumplir con un plan de viviendaLa Oficina del Gobernador de California recordó que en 2023 demandó a la ciudad de Huntington Beach por negarse a actualizar su plan de vivienda, más de cuatro años después del plazo legal. En mayo de 2026, un juez del Tribunal Superior ordenó a la ciudad pagar US$160 millones en multas, que aumentarán en US$50.000 mensuales hasta que cumpla con la normativa.