Amigo y socio de Pedro Troglio: declaró como testigo y ahora es denunciante de una presunta megaestafa inmobiliaria

Fernando Gil es amigo y socio del DT Pedro Troglio, uno de los supuestos damnificados de una presunta estafa en desarrollos inmobiliarios de La Plata, con un perjuicio estimado en US$20 millones. Días atrás declaró como testigo en la causa y ahora pasó a ser denunciante. En su testimonial relató sus reuniones con el abogado Diego Lacki, apoderado de ABES, la empresa señalada por los inversionistas que se presentaron en la Justicia, e hizo referencias a comentarios “amenazantes” en tono “intimidatorio”.Así se desprende de la declaración de Gil a la que tuvo acceso LA NACION. “Lacki en dos oportunidades le hizo saber que su esposa trabajaba en el Palacio de Justicia [de La Plata] y que él tenía acceso a jueces y fiscales, y que la cosa se podía destrabar siempre que nadie pusiera palos en la rueda. Que el deponente entendió claramente que estos comentarios tenían un tono y un propósito amenazante y se lo dijo en un tono bajo, suave e intimidante”, según consta en el acta de la testimonial.Los damnificados denunciaron ante la Justicia haber sido estafados con la compra de departamentos de pozo en desarrollos inmobiliarios de La Plata. El expediente judicial está radicado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.Los plazos de entrega de cada unidad oscilaban entre los 18 y los 24 meses, más 12 de posible prórroga. Como parte del contrato se acordó el pago de una “renta mensual” por parte de la empresa por el lapso de tiempo de construcción de la obra y hasta el momento de su conclusión. Sin embargo, según César B., uno de los denunciantes, el dinero dejó de aparecer hace “aproximadamente tres meses” y las obras no avanzaron.Troglio, DT de Banfield y subcampeón en el Mundial de fútbol de 1990 en Italia, es otro de los denunciantes. Junto a su esposa, Alejandra Soledad Alonso, compraron una unidad de un dormitorio el 14 de marzo de 2024 en el edificio Dezzeo por un valor de US$64.092 y luego “un departamento en pozo” en el Lucero por US$93.650 el 24 de julio de 2025, según se explica en la denuncia a la que accedió LA NACION.También acordaron que durante los meses de construcción recibirían una cuota mensual por cada inmueble, una por $290.000 y otra por $564.300, actualizables por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).“En octubre de 2025 dejaron de darnos la renta; en ese momento ya llevaba cinco meses todo parado, con solo el 50% de la obra hecha. No me atendieron más y ahora hay que esperar; quiero que me devuelvan la mayor cantidad de dinero posible”, dijo Troglio a LA NACION semanas atrás.Otra de las damnificadas sería Lucrecia Villar Loos, quien se quedó con el 57% de la empresa luego del fallecimiento de su esposo, Gustavo Tejada Ibáñez, fundador de ABES, en 2020. La firma fue comprada por otra empresa a fines del año pasado.En su declaración, Gil explicó que cuando falleció Tejada Ibáñez y tras consultarle sobre la continuidad de la empresa, Lacki le dijo: “Quedate tranquilo que yo esto la manejo de taquito porque yo ya lo venía manejando desde mucho antes y quedate tranquilo que Lucrecia hace lo que yo quiero”.El testigo también sostuvo que Lacki se habría referido a Villar Loos como “una Barbie que no entiende nada”. Para el socio y amigo de Troglio, “Lacki urdió y pensó todo esto”. Tras declarar, instó la acción penal y se presentó como denunciante y como damnificado.“Con la denuncia de Gil, creemos que queda claro el esquema de captación de inversores basado en vínculos personales, reuniones sociales y una imagen de solvencia que habría sido utilizada para generar confianza. Nos parecen preocupantes las expresiones del imputado y su exhibición de supuestos contactos políticos e institucionales para respaldar la credibilidad del proyecto. Hay múltiples víctimas que relatan patrones similares de ofrecimientos, promesas de renta y demoras injustificadas; por eso, esta declaración resulta relevante para reconstruir cómo operaba el representante de la empresa”, sostuvo el abogado Miguel Molina, representante de Troglio, Gil y otros damnificados.El descargo Por su parte, el abogado Lacki sostuvo a LA NACION: “Rechazo de manera categórica las afirmaciones realizadas por el señor Fernando Gil respecto de mi persona. Nunca pronuncié las expresiones que el señor Gil me atribuye ni ejercí amenaza alguna hacia él o hacia terceros. Las manifestaciones incluidas en su declaración son falsas y carecen absolutamente de sustento".Y agregó: “Por el contrario, existe una investigación penal en trámite iniciada a raíz de un grave episodio ocurrido el día 4 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 10.30, en un café situado frente a los tribunales civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires, donde el señor Gil, junto con Troglio, me abordaron de manera agresiva. Durante ese episodio sufrí agresiones físicas y amenazas, hechos que dieron origen a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº PP-06-00-061498-25/00, actualmente radicada ante la UFI Nº 3 de La Plata, a cargo del fiscal Petit Bosnic, por los delitos de amenazas calificadas y lesiones. Los hechos mencionados cuentan con testigos presenciales, registros de cámaras de seguridad incorporados a la investigación y motivaron además el dictado de medidas de restricción perimetral respecto de mi persona”.Además, Lacki habló sobre su trayectoria profesional. “Me desempeño desde hace más de 33 años como abogado de la matrícula en la ciudad de La Plata, desarrollando mi actividad profesional de manera pública e ininterrumpida, con una trayectoria construida sobre el respeto, la seriedad y el compromiso profesional. Por ello, considero especialmente agraviante y doloroso que se intenten instalar afirmaciones falsas que afectan mi honor y mi reputación personal y profesional. Resulta además llamativo que el doctor Molina intervenga en múltiples roles vinculados a estas situaciones: se presenta como patrocinante del señor Gil en las denuncias formuladas contra mi persona, actúa también como defensor del propio señor Gil en la causa penal iniciada por las amenazas y agresiones que denuncié en su contra, representa a algunos de los inversores involucrados y, al mismo tiempo, ejerce la representación legal de la señora Villar Loos, titular del 57% de la empresa ABES. Asimismo, según información brindada por la propia empresa, el restante 43% de las cuotas sociales pertenece al grupo Yacoub, una empresa líder del sector inmobiliario de la región, la cual habría cerrado la adquisición del 100% de las cuotas sociales de la firma, garantizando la continuidad de la empresa”.Para finalizar, sostuvo: “Dicha situación surge de manera objetiva de las distintas actuaciones y expedientes judiciales en los que interviene el doctor Molina, y evidencia una clara superposición de intereses contrapuestos, así como el acceso a información sensible y privilegiada proveniente de distintas partes involucradas en los mismos hechos. Corresponde aclarar también que el señor Gil siempre se presentó públicamente como representante y administrador de intereses económicos vinculados a distintas personalidades del fútbol argentino, incluyendo árbitros, directores técnicos y jugadores profesionales, manteniendo además reconocidos vínculos dentro de ese ámbito. Respeto plenamente el derecho de cualquier persona a efectuar denuncias y recurrir a la Justicia. Sin embargo, considero indispensable preservar el principio de inocencia y evitar la difusión de afirmaciones falsas o agraviantes que buscan instalar mediáticamente responsabilidades inexistentes antes de que los hechos sean debidamente esclarecidos. Me encuentro a total disposición de la Justicia y confío plenamente en que la verdad de los hechos quedará acreditada en las instancias correspondientes”.