La Sociedad Rural gastó 4,5 millones de dólares en un sistema informático que funciona mal y Pino y Pereda se acusan mutuamente del desastre

La Sociedad Rural Argentina (SRA) contrató en 2021 a una empresa para modernizar el sistema informático de registros genealógicos. Se firmó entonces un contrato por 900.000 dólares, pero se terminaron gastando alrededor de 4,5 millones de dólares y el programa presente fallas que enfurecen a los socios de la entidad que este año cumplió 160 años de existencia.
Lo que en cualquier empresa u organización normal se pretendería manejar de manera reservada –a nadie le gusta reconocer públicamente que se mandó una macana grande–, en la SRA se transformó en motivo de disputa electoral entre el presidente de la entidad, Nicolás Pino, quien pretende un cuarto mandato en las elecciones de septiembre próximo, y el actual vicepresidente, Marcos Pereda Born, quien armó una lista opositora para disputarle la presidencia a Pino.
Esta semana ambos directivos y candidatos de la SRA volvieron a enfrentarse al difundir comunicados en los cuales se culpan respectivamente del desastroso proceso de instrumentación del sistema informático, el cual fue realizado por la firma Mobile Computing S.A. (actualmente Grid Dynamics Holdings Inc.).
La lista electoral de Pino emitió un comunicado titulado “la situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente Marcos Pereda Born”. No quedan dudas, desde el inicio, de que se trata el texto.
La interna de la Sociedad Rural en su laberinto: Un contrato millonario para digitalizar los registros genealógicos provocó fuertes acusaciones entre Nicolás Pino y Marcos Pereda

“Se cometieron errores y uno de ellos fue haber confiado en las decisiones del actual vicepresidente –quien hoy pretende presentarse como ajeno a los hechos mediante alegatos infundados– y en el equipo de profesionales que oportunamente impulsó y respaldó”, señala el texto.
“Todas las irregularidades e incumplimientos detectados que pudieran resultar constitutivos de conductas ilícitas se encuentran actualmente bajo análisis de los asesores legales de la entidad, con el objeto de impulsar todas las acciones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses de la institución y del conjunto de sus socios”, añade.
Además se indica que los resultados de la auditoría externa “constituyen información sensible, cuya divulgación podría afectar significativamente los intereses de la SRA, especialmente en el contexto de los procesos legales y comerciales actualmente en curso”.
“Comprometida con la transparencia hacia sus socios, la entidad mantiene la reserva de dichos hallazgos en observancia de criterios de prudencia institucional y de protección de sus derechos, mientras continúa trabajando con la máxima diligencia para resolver la situación”, remarca.
La agrupación de Marcos Pereda Born salió a responder y difundió un comunicado que señala que el texto difundido por la gente de Pino “parece una tomada de pelo a los socios de la SRA” porque “la conducción de la SRA implementó el cambio de sistemas sin preocuparse en absoluto por la preparación necesaria de los equipos técnicos de la institución y sin llevar a cabo los controles indispensables en cada etapa del proceso”.
“En septiembre de 2025 decidieron poner en marcha el nuevo sistema de manera intempestiva sin realizar las pruebas técnicas mínimas que son indispensables en cualquier migración de sistemas. Aprobaron todos los pagos mientras el proyecto fracasaba. Hoy la institución carga con una deuda millonaria, un juicio y un sistema que sigue perjudicando a los socios”, argumenta.
El comunicado asegura que los responsables “son exclusivamente quienes tenían el deber de decidir, gestionar, controlar y rendir cuentas: la presidencia ejercida por Nicolás Pino, la Dirección de Registros Genealógicos presidida por Raúl Etchebehere y la Tesorería, a cargo de Ángel Rossi. Son ellos quienes contrataron, renegociaron, aprobaron pagos y deberían haber supervisado el proyecto. Son ellos quienes deben explicar cómo se perdió el control de una iniciativa que terminó costando millones de dólares y que para peor ni siquiera funciona”.
Además afirma que, en lugar de asumir la responsabilidad, “eligieron otro camino: ocultar los errores, construir relatos, buscar culpables en quienes por su posición no tenían poder de decisión y atacar cobardemente, sin dar la cara, a quienes exigen explicaciones, utilizando para ello los canales institucionales de la SRA”.
El daño reputacional que está provocando la disputa pública entre Pino y Pereda es mucho más costos que los millones tirados a la basura en un programa informático fallido, aunque eso no pueda evidenciarse en lo inmediato.