La desaceleración de la inflación empieza a cambiar las cuentas del Gobierno: el superávit sigue, pero con menos margen

El Gobierno mantiene el superávit fiscal y sigue encaminado a cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año. Sin embargo, los números de mayo dejaron una señal que varias consultoras privadas vienen siguiendo de cerca: con una inflación que se desacelera, el margen de la “motosierra” libertaria para sostener el ajuste empieza a achicarse.Durante buena parte de 2024 y 2025, la aceleración de los precios ayudó a licuar jubilaciones, salarios públicos y otras partidas del gasto. Ahora ese proceso comenzó a revertirse en buena medida. Mientras los ingresos tributarios continúan mostrando debilidad, algunas erogaciones indexadas comienzan a recuperar terreno en términos reales.Los datos oficiales mostraron ese cambio. En mayo, los ingresos del Sector Público Nacional cayeron 4,1% real interanual, mientras que el gasto primario retrocedió 2,2%, según cálculos de IARAF. El resultado fue un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $478.613 millones. Pero ambos fueron inferiores, en términos reales, a los registrados un año atrás.La misma tendencia aparece en el acumulado del año. Entre enero y mayo, los ingresos totales bajaron 4,3% real y los tributarios, 6,1%, mientras que el gasto primario cayó 3,1%. Como consecuencia, el superávit primario acumulado mostró una caída real de 12% frente al mismo período de 2025, según IARAF.Aun con ese deterioro, las cuentas públicas siguen mostrando margen frente a las metas pactadas con el FMI. ACM estimó que el resultado acumulado a mayo supera en $1,15 billones el objetivo previsto para junio en la segunda revisión del programa. Sin embargo, recordó que esa meta fue revisada a la baja respecto de la primera revisión del acuerdo.Detrás de esos números aparece uno de los principales efectos de la desinflación. Después de diez meses consecutivos de aceleración, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a desacelerarse en abril y mayo. Y eso modificó la dinámica de algunas partidas del gasto que se actualizan con rezago.La consultora One618 sostuvo que mayo comenzó a mostrar “la tensión” de una nueva etapa fiscal. “La compresión del gasto real en seguridad social terminó”, afirmó. El argumento es que las jubilaciones, principalmente, y otras prestaciones se ajustan por inflación con dos meses de retraso.Cuando los precios aceleraban, esa actualización corría por detrás y contribuía a licuar el gasto. Ahora que la inflación bajó, sucede lo contrario: las prestaciones se actualizan con índices superiores a la inflación corriente y comienzan a recuperar poder de compra.Según IARAF, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron en mayo 1,2% real interanual, las prestaciones del PAMI aumentaron 10,6% y la Asignación Universal por Hijo (AUH) avanzó 8,6%. Al mismo tiempo, el gasto primario total siguió cayendo.Eso significa que el ajuste tuvo que concentrarse en otras partidas. El gasto salarial retrocedió 4,7% real interanual, los subsidios económicos bajaron 19,8%, el gasto de capital cayó 27,8% y las transferencias corrientes a provincias se desplomaron 40,1%, siempre según IARAF.El esfuerzo se vuelve más relevante porque los subsidios energéticos ya no muestran la misma dinámica de ajuste que en 2024. LCG calculó que en los primeros cinco meses del año acumularon un gasto equivalente a 0,23% del PBI, por encima del nivel registrado en igual período de 2025, debido a mayores costos energéticos y a una implementación más gradual de las subas tarifarias.En la misma línea, LCG señaló que el gasto vinculado a la movilidad previsional empezó a mostrar mayor presión en un contexto de desaceleración inflacionaria. La consultora destacó que las subas en jubilaciones y asignaciones familiares fueron compensadas por nuevos ajustes en salarios, programas sociales, subsidios, obra pública y transferencias a provincias.Del lado de los ingresos, además, la recuperación todavía no termina de aparecer. ACM destacó que en mayo el IVA cayó 9,5% real interanual, los aportes y contribuciones retrocedieron 4,3%, los derechos de exportación se hundieron 38% y los derechos de importación, 24,4%. La excepción fue el Impuesto a las Ganancias, que creció 29,5% real y ayudó a sostener el resultado del mes.Para One618, el deterioro de los recursos vinculados a la actividad es una de las señales más relevantes del momento fiscal. La consultora estimó que esa recaudación cayó 7,6% real interanual en mayo, profundizando la debilidad observada durante los primeros meses del año y confirmando que la recuperación económica todavía no logra reflejarse plenamente en las cuentas públicas.Econviews también resaltó el papel de Ganancias. “Ganancias ayudó a sostener el superávit en mayo”, señaló la consultora. Según su análisis, el Gobierno consiguió cerrar el mes con resultado financiero positivo incluso después de afrontar pagos de intereses por $1,4 billones.La discusión ahora es cuánto esfuerzo adicional requerirá mantener el equilibrio fiscal. Las respuestas no son unánimes.JP Morgan mantiene su proyección de presupuesto equilibrado para 2026 y considera que un superávit primario de 1,5% del PBI debería ser suficiente para cubrir los intereses de la deuda. Además, sostuvo que “el compromiso de la administración Milei con el equilibrio fiscal permanece intacto pese a la caída de los ingresos acumulados en el año”. El banco agregó que, hacia adelante, la consolidación fiscal debería apoyarse cada vez más en una recuperación de los ingresos asociados a la actividad económica.LCG también cree que la meta fiscal acordada con el FMI sigue siendo alcanzable. Sin embargo, advirtió que la persistente caída de los ingresos obliga a profundizar el ajuste sobre el gasto y que “la incógnita pasará más por la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario”.One618 ofreció una mirada más exigente. La consultora estima que el Gobierno podría cerrar el año con un superávit primario de entre 1% y 1,1% del PBI, por debajo del compromiso asumido con el FMI. A su juicio, la combinación de actividad débil, ingresos en retroceso y menor capacidad de licuación limita el margen para sostener el resultado fiscal sin nuevos recortes. “El Gobierno puede tener la voluntad de avanzar hacia una política más expansiva, pero carece de la capacidad para hacerlo”, resumió.Parte de esa discusión ya se observa en las provincias. Las transferencias nacionales acumulan una caída real cercana al 42% en lo que va del año, según Econviews. Al mismo tiempo, las jurisdicciones enfrentan una recaudación más débil de los impuestos coparticipables.“Las provincias volvieron a tener déficit fiscal en 2025”, resumió la consultora. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales citados por Econviews, el rojo consolidado alcanzó el equivalente a 0,3% del PBI luego del superávit observado en 2024. Doce de las 24 jurisdicciones terminaron el año en déficit.