Multas de hasta $6,6 millones: la Legislatura porteña endureció las penas contra los trapitos no autorizados

La Legislatura porteña sancionó una reforma del Código Contravencional que endurece de manera significativa las sanciones contra los cuidacoches y limpiavidrios que desarrollen su actividad sin autorización. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y La Libertad Avanza, eleva las multas hasta los $6,6 millones, amplía los plazos de arresto e incorpora nuevos agravantes vinculados a situaciones de intimidación, organización previa y actuación en eventos masivos.La modificación apunta a reforzar las herramientas de control sobre una actividad que suele generar reclamos vecinales, especialmente en las inmediaciones de estadios, recitales, ferias y otros espacios de alta concurrencia, donde los cuidacoches informales pueden llegar a exigir sumas que en algunos casos superan los 50.000 pesos por estacionar un vehículo. La iniciativa obtuvo la aprobación con 36 votos positivos y 18 en contra durante la sesión ordinaria en desarrollo.Hasta ahora, el Código Contravencional contemplaba sanciones de entre uno y dos días de trabajos de utilidad pública o multas de 50 a 300 unidades fijas para quienes ejercieran la actividad sin autorización. Con la reforma aprobada, las penas pasan a ser de diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de 20 a 45 días o multas de 1200 a 7000 unidades fijas. Con el valor vigente de la unidad fija, las sanciones económicas pasan de $300.000 a montos que pueden alcanzar los $6.649.930.Entre las novedades incorporadas figura un agravante específico para los casos en que se comprueben amenazas o conductas intimidatorias hacia conductores. En esas situaciones, las sanciones podrán duplicarse.La norma también endurece las penas cuando exista una organización previa detrás de la actividad. En esos casos, los participantes podrán recibir arrestos de 20 a 50 días, mientras que quienes sean considerados organizadores o responsables enfrentarán hasta 60 días de arresto.Otro de los puntos centrales de la reforma está dirigido a los operativos que suelen desplegarse alrededor de espectáculos masivos. La nueva regulación establece sanciones agravadas para quienes ejerzan la actividad en un radio de hasta 30 cuadras de estadios, recitales, parques o eventos de gran convocatoria, desde tres horas antes de su inicio y hasta dos horas después de su finalización.Además, cuando la actividad se registre en las inmediaciones de un estadio, la legislación prevé sanciones para las entidades responsables del espectáculo, que podrán enfrentar multas de entre 10.000 y 40.000 unidades fijas, equivalentes a montos que van desde los $9,5 millones hasta casi $38 millones, junto con clausuras de entre 30 y 90 días en los casos que correspondan.La reforma incorpora también sanciones accesorias, entre ellas la imposibilidad de acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales durante un plazo de dos años para quienes resulten condenados por esta contravención.Durante el debate parlamentario, los bloques que respaldaron la iniciativa sostuvieron que la modificación busca recuperar el uso del espacio público y brindar mayores herramientas para combatir prácticas extorsivas vinculadas al cobro informal de estacionamiento. Desde sectores de la oposición, en tanto, presentaron un dictamen alternativo que avanzaba sobre las eventuales redes de protección y connivencia que permiten el funcionamiento de estas actividades en distintos puntos de la Ciudad.Gimena Villafruela, del bloque oficialista Vamos Juntos, defendió el endurecimiento de las sanciones al señalar que la actividad de los trapitos constituye “uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la Ciudad” y una de las contravenciones con mayor cantidad de denuncias.La diputada sostuvo que la situación genera “un hartazgo profundo de toda la sociedad” y afirmó que la reforma busca “poner un punto final” a una práctica que, según describió, implica que “una minoría intenta imponer sus propias reglas por encima de lo que quiere cualquier persona en la Ciudad, que es vivir en orden”.Del mismo espacio, el legislador Facundo Del Gaiso sostuvo que la actividad de los trapitos constituye una forma de extorsión hacia quienes buscan estacionar en la vía pública. En ese sentido, afirmó que se trata de una práctica que “extorsiona a los trabajadores” y que, en muchos casos, está organizada por estructuras que calificó como “una mafia que hay que cortar”.La legisladora Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, respaldó la iniciativa al señalar que busca “terminar con la joda” en torno a los trapitos mediante un aumento de las sanciones económicas, los días de arresto y las tareas de utilidad pública. “El que usa el miedo, la prepotencia y la coacción para sacarle dinero del bolsillo a los ciudadanos merece ir a la cárcel”, sostuvo durante su intervención en el recinto.Desde la oposición cuestionaron algunos aspectos de la iniciativa. El legislador Federico Mochi, de Fuerza Buenos Aires, sostuvo que el proyecto “no prevé algo que es parte de la problemática, que es el rol de la Policía de la Ciudad”, y advirtió que “querer poner solo el foco en el cuidacoches es algo que, de mínima, hay que discutir y eso necesita tiempo”.En la misma línea, la presidenta del bloque, Claudia Neira, señaló que su espacio impulsó una propuesta alternativa que incorporaba la responsabilidad de quienes facilitan estas prácticas. “Planteamos una redacción que abarca la connivencia y la participación de la Policía”, afirmó.En materia de transporte, los legisladores también aprobaron, con 56 votos positivos de 60 bancas, la ley impulsada por el Ejecutivo local que habilita al Gobierno porteño a buscar financiamiento por hasta 1.350 millones de dólares para avanzar con la construcción de la Línea F de subte.La norma autoriza la toma de créditos con organismos nacionales e internacionales y la emisión de deuda en los mercados local y externo. Según el texto sancionado, los fondos deberán destinarse exclusivamente a las tareas de ingeniería, construcción y equipamiento de la futura línea que conectará Barracas con Palermo y sumará once estaciones a la red de subterráneos. Recientemente, el Gobierno porteño postergó, por segunda vez, la fecha de apertura de los sobres con ofertas de la licitación de la obra de la futura traza subterránea.También, se creó el “Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal” destinado a facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de consumo de personas humanas residentes en la Ciudad que se encuentren en situación de vulnerabilidad financiera.Y, por último, la conformación de un Registro de Perfiles Genéticos que sumará una herramienta para llevar adelante los procesos penales, los procesos judiciales y las investigaciones dado que será clave para la identificación de los autores de los delitos, pero también colaborará en la identificación de personas perdidas, desaparecidas o fallecidas.