Se enciende una pelea fiscal entre bancos, el Gobierno y los municipios por una medida del BCRA que flexibiliza la radicación de cuentas

CÓRDOBA.- La decisión del Banco Central (BCRA) de permitir que los bancos radiquen las cuentas abiertas de manera remota en cualquier sucursal operativa del país volvió a encender la disputa entre la Nación, las provincias y los municipios por la carga tributaria que pesa sobre el sistema financiero.La medida, formalizada mediante una modificación normativa, apunta a dar mayor flexibilidad a los bancos en un contexto de creciente digitalización. Hoy, cerca de dos tercios de las nuevas cuentas se abren de manera no presencial. La única exigencia es que la entidad informe al usuario en qué sucursal quedará radicada la cuenta.Sin embargo, hay una consecuencia tributaria que ya genera debate: al poder elegir dónde radicar esas cuentas, los bancos pueden concentrarlas en jurisdicciones con menor presión fiscal y evitar aquellas provincias o municipios que aplican mayores alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) o tasas de Seguridad e Higiene.La medida se inscribe en la ofensiva que el Gobierno nacional viene sosteniendo contra tributos provinciales y municipales que, argumenta, encarecen el crédito y elevan los costos financieros para familias y empresas. Desde el sector financiero sostienen desde hace años que la carga de IIBB se traslada a las tasas de interés y termina afectando el acceso al financiamiento.Especialistas tributarios consultados por LA NACION advierten que la cuestión abre una discusión. Federico Favot califica la medida como “rebuscada y con una interpretación forzada que no corresponde”, sostuvo. El especialista explica que la normativa del Banco Central no puede alterar las disposiciones del Convenio Multilateral, que regula la distribución de la base imponible entre las distintas jurisdicciones: “Establece que se le debe pagar IIBB a la provincia o la tasa al municipio desde el cual se presta el servicio bancario al cliente”.En ese sentido, compara la situación con los intentos de algunos contribuyentes de radicar vehículos en municipios con menores tasas para evitar tributar más en donde efectivamente circula.A su juicio, si existe consenso sobre la necesidad de reducir la presión tributaria sobre la actividad financiera, el camino debería ser otro. “Lo que se debería hacer es sentar a todos los actores en una mesa y negociar un pacto fiscal donde las provincias y los municipios bajaran la carga impositiva a cambio de una compensación de recursos”, indica. César Litvin coincide en que la distribución de IIBB entre jurisdicciones se encuentra regulada por reglas específicas del Convenio Multilateral, por lo que la sola radicación administrativa de una cuenta no necesariamente determina dónde debe tributarse.Además, recuerda que la Comisión Arbitral -organismo encargado de interpretar y aplicar el convenio- ha privilegiado históricamente el criterio de asignar base imponible al lugar donde se consume el servicio. “En este caso serían los clientes de las entidades financieras”, sintetiza el titular del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.Un relevamiento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) junto con ABA, Abappra y ABE había denunciado públicamente a comienzos de 2025 que las alícuotas más altas de IIBB estaban en La Pampa, que encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con una carga del 9%.Litvin identifica otro impacto potencial, el que alcanza a las tasas municipales. “El beneficio que van a obtener los bancos con esta norma es poder radicar las cuentas en las jurisdicciones que menor tasa de Seguridad e Higiene cobren”, grafica.Además, menciona que existen diferencias muy significativas entre municipios: “Si se radican en CABA no hay tasa de Seguridad e Higiene. Si lo hacen en Morón o Pilar hay una tasa muy alta; Tres de Febrero aparece entre las jurisdicciones más económicas”.Desde esa perspectiva, el principal beneficiario de la medida sería el propio sistema financiero. “Todo esto es exclusivamente para beneficio de los bancos”, concluye.