De Righi al RIGI: el desinterés de Milei por la cuestión institucional

Lo viejo no terminó de morir. Lo nuevo no terminó de nacer. Y en medio de este largo e impreciso devenir, predomina la incertidumbre. La realidad económica es heterogénea: “una de cal, otra de arena”, sintetizaba (con conocimiento de causa) un empresario de la construcción en el evento de esta semana de Camarco, de gran convocatoria. Muchos actores económicos importantes, a pesar de la frustración de algunos de los principales funcionarios del Gobierno, prefieren “esperar y ver”: ya se decepcionaron demasiadas veces con la Argentina como para estar convencidos de que “esta vez será diferente”. Dentro y fuera del país se generó bastante curiosidad, y cierta expectativa, por este “experimento libertario”. Pero la pésima reputación acumulada por décadas de malas decisiones políticas y económicas explica la renuencia de los inversores a apostar por una recuperación definitiva. En particular, la Argentina arrastra un serio déficit de calidad institucional que, durante este gobierno, lejos de corregirse, con mucha suerte está igual, si es que no hubo algún deterioro, considerando los ataques permanentes a la libertad de prensa.El inusual y desordenado programa de desinflación que aplica el Gobierno (en rigor, no puede hablarse de un programa típico de estabilización) produce entendibles recelos, muchos de los cuales aparecen plasmados en el último documento publicado por el FMI. A esto se suman las naturales dudas que genera el proceso electoral, sobre todo por la eventual fragmentación de la oferta de candidatos y por el nivel de polarización que podría darse aun en primera vuelta. Por último, algunas preocupaciones derivan no solo (o no tanto) del escenario político nacional, sino de lo que ocurra en las provincias o incluso en algunos municipios. Muchas empresas deben lidiar, en las esferas subnacional y local, con decisiones y regulaciones antojadizas, voluntaristas, inaplicables y, en algunos casos, de perfil expropiatorio. En conjunto, constituyen obstáculos de peso a la hora de evaluar el clima de negocios del país. ¿Cómo llegarán el ciclo económico y el humor social cuando arranque el largo ciclo electoral de 2027? ¿Estará a disposición el “prestamista de última instancia” que tuvo la Argentina en 2025 (el Tesoro de EE.UU.) si Trump pierde las elecciones el próximo 3 de noviembre?Muchos fondos de inversión podrán adquirir activos financieros, como bonos soberanos, subsoberanos (de las provincias), acciones y deuda corporativaLa decisión del miércoles pasado de S&P de mejorar la calificación crediticia del país constituye un espaldarazo para Milei y su equipo. Falta que otras agencias, como Moody’s y MSCI, ratifiquen este cambio de perspectiva. En la práctica, esto implica que muchos fondos de inversión podrán adquirir activos financieros, como bonos soberanos, subsoberanos (de las provincias), acciones y deuda corporativa. Lo que debería ser normal para un país lógico y creíble se convierte en una noticia relevante para uno cuyo liderazgo prefirió durante demasiado tiempo transitar por la banquina (y hasta arrojarse al vacío), en vez de aplicar los libros de texto y respetar las reglas básicas de cualquier economía moderna, incluido el respeto de los contratos (como los compromisos de deuda).Salvo algún caso excepcional (el reciente anuncio de Dreyfus sobre una planta de girasol y soja en Bahía Blanca), el grueso de la inversión anunciada en los últimos tiempos, de la que se materializó apenas un quinto, exige reglas excepcionales, como las garantizadas por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El programa está diseñado por el Gobierno para incentivar flujos significativos de inversiones bajo condiciones muy favorables y en áreas determinadas. Incluye la posibilidad de litigar en Nueva York en caso de incumplimiento de alguna de sus cláusulas. Es decir, a diferencia de lo que nos ocurre a los ciudadanos comunes, pueden ignorarse, por la desconfianza que generan, los tribunales nacionales. En la práctica, todo esto implica reconocer que, aplicando las reglas y regulaciones ordinarias, no hay apetito por arriesgarse.El Gobierno piensa en un régimen más generoso para inversiones de mayor envergadura, como la que podría hacer el polémico empresario tecnológico Peter Thiel. Más aún, el oficialismo tiene en carpeta un “mini RIGI” específico para medianas y pequeñas empresas, que son las que más empleo directo e indirecto generan. En síntesis, los regímenes especiales se convirtieron en un vehículo indispensable para movilizar la inversión en un país en el que, al no haber implementado las reformas estructurales tantas veces prometidas, prevalecen reglas y regulaciones inapropiadas, vetustas y muy alejadas de la narrativa cuasi revolucionaria que enarbolan los principales voceros del oficialismo, entre ellos Milei.La cacofonía propuesta en el título de esta columna pretende sintetizar el frustrante devenir histórico-institucional de una nación que se acostumbró a vivir de mínima buscando atajos o ignorando las reglas del juego existentes y, de máxima, “al margen de la ley”, como inmortalizó el gran Carlos Nino. En momentos en que las polémicas en torno a Manuel Adorni saturan la conversación pública, recordamos a Esteban Righi, reconocido y respetado abogado y político peronista, que desempeñó importantes cargos públicos. Fue ministro del Interior en el gobierno de Héctor Cámpora entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973, con apenas 34 años (de allí su apodo “Bebe”). Autor de un famoso discurso ante la plana mayor de la Policía Federal, en el que ordenaba no reprimir las protestas populares y respetar el principio de presunción de inocencia, algunos lo vinculan con la orden de liberar varias cárceles en ocasión de la asunción de Cámpora, incluida la de Devoto (donde convivían presos políticos y comunes). Tras una década de exilio en México, regresó al país, retomó su cátedra de Derecho Penal en la UBA y fundó un exitoso estudio de abogados. En junio de 2004 fue designado por Néstor Kirchner, por sugerencia de Alberto Fernández, procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales. Renunció el 10 de abril de 2012 como consecuencia de un gran escándalo protagonizado por Amado Boudou: quien se convirtió en el primer vicepresidente condenado a prisión por corrupción por la causa “Ciccone Calcográfica” sugirió que la investigación judicial a cargo de Daniel Rafecas (discípulo dilecto de Righi, luego recusado; la causa recayó en Ariel Lijo) debía interpretarse como parte de la “guerra mediática” entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín. Boudou acusó al estudio García, Labat, Musso y Righi de haberlo ido a ver “para decirle que […] era nuevito, que no entendía cómo funcionaba esto, que […] tenía que tener buenos lazos con Comodoro Py”. La doctora Labat, entonces pareja de Guillermo Montenegro, conocía a Boudou de Mar del Plata.La biografía política y profesional de Bebe Righi es una excelente síntesis de los graves problemas institucionales de la Argentina: una rara combinación de decisiones absurdas, una alarmante pérdida de calidad en los liderazgos, falta de independencia de la Justicia, escándalos de corrupción, conflictos de interés… Por historias como la de Righi hacen falta tantos RIGI para lograr inversiones, aun en áreas donde el país tiene ventajas comparativas y competitivas, como minería y energía.La desaprensión del Gobierno por la calidad institucional se manifiesta en que permanece de manera interina el doctor Eduardo Casal en el cargo de procurador general, el mismo al que había renunciado Righi. Sigue vacante el cargo de defensor del Pueblo de la Nación. La Corte Suprema de Justicia continúa con tres integrantes de los cinco que debería tener. Y el Banco Central carece de la mínima independencia respecto del Poder Ejecutivo. Difícil argumentar que estamos “condenados al éxito”. Pero si no hay un esfuerzo genuino para mejorar esto, seguiremos condenados a los RIGI.