Condenaron a una jueza de Pilar por vender bebés a parejas de alto poder adquisitivo

La exjueza Alejandra Velázquez fue condenada esta semana a tres años de prisión por buscar mujeres embarazadas y familias de bajos recursos para vender sus bebés a familias de alto poder adquisitivo. Lo realizaba a través de procesos de adopción exprés, donde enviaba a trabajadores sociales a “buscar panzas”. Fue condenada por “cohecho agravado” e inhabilitada a ejercer cargos públicos por seis años.Aunque el caso volvió a ser noticia debido a la condena, el hecho denunciado ocurrió en 2011. Sin embargo, lo que destapó las irregularidades fue, en realidad, la gran cantidad de ausencia de Velázquez a su jornada laboral. Tras ello, se inició una investigación que derivó en el escándalo.La exmagistrada fue apartada de su puesto en 2017 por ofrecer coimas para adulterar los procesos de adopción de niños. Velázquez estuvo a cargo del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años.Fuentes judiciales informaron a LA NACION que dos asistentes sociales afirmaron haber estado en el despacho de la jueza y que la magistrada les dijo: “Vayan a buscar panzas”. "La funcionaria judicial lo habría dicho porque quería que fueran a barrios vulnerables para buscar a jóvenes embarazadas que estuvieran dispuestas a entregar en adopción a sus bebés a cambio de dinero. Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos", sumaron.También estaba señalada por haber cometido una serie de irregularidades, como permitir que colaboradores firmaran más de 600 expedientes mientras ella viajaba al exterior durante su tiempo en el cargo.En septiembre de 2017 fue destituida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires, que resolvió por unanimidad la admisibilidad de los cargos formulados. Se encontraba suspendida desde abril de ese año. Fue sometida a un jury tras una denuncia realizada por el Colegio de Abogados y la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.“Entre los cargos en su contra se encuentran: datar falsamente sentencias e interlocutorios; irregularidades en el procedimiento (como permitir que, mientras estaba en viaje fuera del país – en muchos casos sin autorización de la Corte -, sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo); intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer; acoso laboral; incumplimientos reiterados en materia de adopción; actos de parcialidad manifiesta; entre otros", manifestaron desde el Colegio de Abogados de San Isidro.En julio de 2024 fue detenida mientras se encontraba en Valencia, España, por pedido de la Justicia argentina. Fue ordenada por el juez de Garantías N°6 de San Isidro Nicolás Ceballos, a pedido del fiscal José Amallo, que imputó a la exmagistrada por los delitos de cohecho y falsedad ideológica. Desde entonces, fue extraditada a la Argentina, donde permaneció en prisión domiciliaria en un domicilio en Tigre.Esta semana fue condenada a tres años de prisión por “cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública” y fue inhabilitada a ejercer cargos públicos durante seis años. Sin embargo, no regresará a una unidad penitenciaria debido a que se le concedió libertad condicional debido al tiempo que llevaba detenido, informó el diario El Resumen de Pilar.La condenada se configuró en base al ofrecimiento de dinero, debido a que las trabajadores sociales no habría aceptado la propuesta.