James Percival, asesor del DHS, sobre solicitudes de inmigración para menores: “Existe un riesgo de fraude”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) detectó anomalías y un posible esquema de engaño generalizado en los trámites de regularización para extranjeros menores de edad. Así lo advirtió el funcionario James Percival en una reciente declaración.Fraude en el programa SIJ: qué denunció James Percival ante el DHS“Si bien el programa de Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ, por sus siglas en inglés) promueve importantes objetivos del Congreso, existe un riesgo significativo de fraude”, declaró Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).En un comunicado oficial, el funcionario explicó que faltan indagaciones profundas de forma recurrente por parte de las entidades de protección infantil sobre el entorno de los jóvenes. Según Percival, muchos ciudadanos extranjeros gestionan estas certificaciones judiciales sin aportar evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos de vulnerabilidad exigidos.Además, los magistrados locales suelen otorgar las autorizaciones previas de manera automatizada y puramente formal por el desconocimiento de los protocolos de fiscalización federales.En consecuencia, esta falta de verificación “rigurosa” facilita que personas con conductas delictivas o nexos con bandas criminales obtengan un estatus migratorio legal. Incluso, sostuvo que la presunta distorsión del procedimiento desvía los fondos y la atención institucional de los niños desamparados que constituyen los beneficiarios legítimos de la ley.“La negligencia de los jueces estatales al no supervisar los requisitos del proceso SIJ genera un daño tangible”, señaló el funcionario. Y concluyó: “Permite que delincuentes, pandilleros e incluso presuntos terroristas obtengan un estatus legal, al tiempo que erosiona la confianza y desvía recursos que deberían destinarse a niños verdaderamente vulnerables”.SIJ y antecedentes penales: los datos del DHS sobre MS-13 y 18th StreetSegún el DHS, un informe de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés) reveló datos sobre los solicitantes del SIJ entre los años fiscales 2013 y 2025. Los registros oficiales confirman que casi 19.000 postulantes a esta categoría migratoria poseían antecedentes en el sistema judicial penal.La evaluación detallada de las bases de datos gubernamentales arrojó los siguientes indicadores de criminalidad:Homicidios registrados: un total de 120 solicitantes contaban con acusaciones formales o condenas previas por el delito de asesinato.Ofensores sexuales: al menos 200 ciudadanos extranjeros con peticiones aprobadas registraban condenas firmes por cometer delitos sexuales.Vínculos con la MS-13: más de 500 individuos figuraban en los archivos oficiales como integrantes activos o presuntos miembros de la banda MS-13.Integrantes de la pandilla 18th Street: la agencia de seguridad identificó a más de 100 postulantes asociados con las operaciones de esta estructura criminal.Entre las evidencias recopiladas, resalta el caso de un cabecilla de la MS-13 en Nueva York, responsable de coordinar múltiples homicidios en la región. Asimismo, la oficina estatal aprobó un beneficio de libertad condicional a un miembro de la banda Trinitarios en Massachusetts tras su participación en tiroteos mortales.Tribunales estatales bajo la lupa: qué cambios pide el DHS para el programa SIJDe acuerdo con el comunicado del DHS, la proliferación de fraudes ocurre principalmente porque los jueces de los tribunales estatales aprueban las órdenes preliminares en procesos no contenciosos. La agencia federal asegura que ciertas jurisdicciones emiten las resoluciones de amparo de manera digital o documental sin realizar una audiencia presencial para interrogar al solicitante.Sherrill asegura que continuará presionando al DHSEl SIJ concede una ruta directa para conseguir la residencia permanente legal a inmigrantes solteros menores de 21 años al presentar la petición. El beneficio protege de forma exclusiva a los jóvenes que sufrieron abandono, maltrato o negligencia por parte de uno o ambos padres.