Parió Sturzenegger: Oficializaron un nuevo sistema de control directo en puertos y acopios para reconocer la variedad de cada semilla y, eventualmente, poder reclamar las regalías al productor

Tal como había anticipado días atrás el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, y a pesar de las reservas de las entidades rurales frente a este tipo de medidas, el gobierno dio un paso más en el control del origen de las semillas al habilitar los controles a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega, es decir los acopios o los puertos. La definición, que emula el sistema Bolsatech que se puso en marcha años atrás para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto, es un paso más en el camino prometido a los obtentores de nuevas variedades y empujado nada menos por el gobierno de los Estados Unidos, que es la adhesión argentina a la UPOV 91.
En concreto, el gobierno decidió achicar un poco más el cerco sobre el sector productivo para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas 20.247. A través de la resolución conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Secretaría de Agricultura, se estableció un protocolo “para el control de la identidad varietal en grano, a partir de las muestras tomadas en el primer punto de entrega”.

A partir hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina.
Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se…
— Manuel Adorni (@madorni) June 8, 2026

Cabe mencionar que si bien esto se aplicará a las variedades inscriptas  a partir de la publicación de esta normativa, lo que limita su alcance inmediato sobre las variedades ya sembradas, ciertamente sienta el precedente para todo lo que se registre de ahora en más.
En 2016, a través de la resolución 207 de INASE, se había implementado un “sistema de muestreo, análisis e información sobre las remisiones de granos de parte de los agricultores”. En aquel momento, el gobierno de Cambiemos utilizó el denominado Sistema Bosatech para evitar una colisión directa con Monsanto (comprada por Bayer en 2018), ya que ese firma pretendía aplicar esos controles de forma compulsiva en acuerdo con las agroexportadoras.
Lo que se afirma en esta nueva resolución que generaliza este tipo de controles es que “el avance de la tecnología aplicada a la verificación de la identidad varietal de semillas” permite reconocer de qué variedad se trata en todo tipo de cultivos y “en plazos más reducidos”, a partir de hacer un análisis en los granos, el producto final del trabajo de los agricultores.
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En criollo, mientras que el control del uso de variedades protegidas era difícil de ejercer, dado que identificar si un grano proviene de semilla comprada o guardada de campañas anteriores es técnicamente complejo, la medida aprobada ahora afirma que las herramientas técnicas actuales determinar su identidad de forma “idónea, objetiva y científicamente validada”.
En abril pasado, el ministro Sturzenegger había anticipado que se crearía este régimen para generalizar este tipo de controles. “Lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado, que es el que tiene capacidad, porque el sector público no tiene ninguna capacidad para hacer una auditoría de esto, de quién usa, quién no usa (una variedad de semilla)”, había anticipado el funcionario, quien luego insistió con los controles en los puertos y acopios como alternativa. Luego, en una reunión con la Mesa de Enlace, insistió en que este sistema de control y la adhesión a la UPOV 91, sería la receta aplicada para resolver la informalidad elevada en el mercado de semillas, donde hay una recurrente queja de las empresas obtentoras porque no logran cobrar las regalías correspondientes por sus nuevas variedades, en especial en soja y trigo.
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Esta medida se conoce en el Boletín Oficial justo cuando  Agricultura había convocado a las cuatro entidades rurales a una nueva reunión, que seria mañana. El bloque ya había anticipado su rechazo a ese sistema de control, porque “no le cierra a nadie y es caro”, según una fuente del sector primario.
La Mesa de Enlace más los grupos CREA y Aapresid también habían elevado al gobierno una propuesta de actualización de la Ley de Semillas. Pero visiblemente presionados por las grandes corporaciones semilleras y nada menos que por la gestión de Donald Trump, el Ejecutivo también sumaría una adhesión nacional al protocolo internacional UPOV91. Para eso, debería proponer una nueva ley en el Congreso, ya que tal adhesión no puede definirse ni por resolución ni por DNU.
Por eso, por ahora, fue a lo más sencillo y que está a su alcance y generalizó el sistema de control en la cadena comercial, donde presuntamente los costos de los nuevos análisis podrían ser cargados a la cuenta de los chacareros. En ese sentido, la norma indica que los establecimientos que funcionen como punto de entrega primaria del grano deberán estar registrados en el SISA, una cosa obvia ya que es un registro obligatorio de la ex AFIP. Aunque no se aclara, se infiere que quienes quedarían incluidos son, por ejemplo, los acopios, las cooperativas y sobre todo los puertos de exportación.
A continuación, se detalla que la toma de muestras deberá realizarse conforme a las especificaciones y procedimientos aprobados por INASE, y podrá ser efectuada por Cámaras Arbitrales, entidades privadas que hayan suscrito convenios con ese Instituto, o por entidades privadas habilitadas.
La muestra analizada, que deberá hacerse “mediante los métodos reconocidos por INASE”, así como la muestra de respaldo, deberán ser conservadas en un sobre “perfectamente rotulado y cerrado por el plazo de 60 días corridos” desde la fecha de emisión del certificado de análisis.
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Una vez hecho el análisis, las Cámaras Arbitrales o entidades privadas habilitadas deberán enviar los resultados de forma simultánea tanto al titular de la variedad que surja del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, como al titular de la muestra analizada. El texto aclara, sin embargo, que el productor solo recibirá el resultado “a título informativo”.
“Recibida la información detallada, el titular de la variedad identificada podrá efectuar la denuncia correspondiente ante el mencionado Instituto hasta 60 días corridos desde la fecha de emisión del certificado de análisis”, señala la norma. Recibidas las muestras, el INASE podrá dar “curso a las acciones sumarias que estime pertinentes”.
Es decir que si el análisis encuentra que se trata de una variedad, a modo de ejemplo, de la soja Enlist, la semillera informada de tal situación podrá iniciar demandas de pago al productor que cosechó ese lote, en caso de que no se hayan depositado previamente las regalías correspondientes. Esto cierra el cerco mucho sobre los usuarios de semillas. Pero como la situación colisiona en gran medida con el Uso Propio, el sector semillero reclama también la adhesión a UPOV91, ya que ese régimen internacional pone límites estrictos a ese derecho histórico del productor.
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Si bien este nuevo sistema no deroga el Uso Propio, sí crea un mecanismo que fortalece sustancialmente la posición de los semilleros frente a los agricultores.
Hay que recordar que ya en 2024, la entonces Secretaría de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella, había estipulado la obligación de los productores de informar la compra de semilla original, aquella que había dado inició a la serie, teniendo incluso que conservar la factura de compra de la misma.