Donantes sin nombres, libros sin actualizar y préstamos sin explicar: la IGJ intimó a la Fundación Faro

Diez días para acotar la opacidad. La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula a las personas jurídicas y que tras el recambio de autoridades quedó bajo la órbita de influencia de Karina Milei, emplazó a la Fundación Faro Argentina para que le informe quiénes son los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024. La intimación apunta al corazón del think tank libertario más cercano al ala de Santiago Caputo: su financiamiento es un misterio, y la IGJ quiere saber de dónde viene el dinero.El emplazamiento implica la primera señal de tensión entre las dos facciones del oficialismo en torno a una entidad que, en apenas un ejercicio, se convirtió en la mayor maquinaria de financiamiento político privado del espacio libertario. Faro recaudó $4957 millones durante 2024, destinó más de $1000 millones a publicidad política en redes sociales en el año siguiente, pero se ignora qué hay detrás de esos números bajo llave. Al punto que presentó su balance ante la IGJ con casi once meses de retraso, sin identificar un donante, con los libros contables sin actualizar y con cuatro agujeros financieros que el documento no explica, según verificó LA NACION.La entidad nació sobre los restos de la Fundación Valorar, una organización dedicada a paliar la vulnerabilidad social que en 2023 había declarado un patrimonio neto de $12 millones e ingresos por $49 millones. Pero tras el arribo de Agustín Laje y Francisco Caputo, el hermano del “Mago del Kremlin”, los ingresos de la entidad se multiplicaron 78 veces y el patrimonio creció 356 veces, hasta superar los $4300 millones, según datos revelados por Chequeado y verificados por LA NACION.La transformación comenzó entre abril y mayo de 2024, ya con Javier Milei en la Casa Rosada, cuando renunció todo el consejo de administración de la entonces Fundación Valorar y tomaron el mando Laje y Francisco Caputo. Meses después, la IGJ aprobó el cambio de nombre mediante la Resolución 808 de octubre de 2024 y la sede se trasladó de Cerrito 1130 a Reconquista 40. El objeto estatutario, en cambio, no pudo modificarse: en teoría, la fundación todavía aspira a “abordar la realidad de personas y comunidades en contexto de desigualdad”.Ya con su nuevo nombre, la fundación organizó tres cenas con empresarios y políticos en el Yacht Club Puerto Madero como parte de su estrategia de recaudación: el 13 de noviembre de 2024, y el 4 de agosto y 15 de diciembre de 2025, con Milei como orador principal en las tres. A la primera asistieron José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (YPF) y representantes de Vista Oil & Gas, TotalEnergies y Techint, entre otros. El cubierto habría alcanzado los US$25.000, aunque la organización no desglosó lo recaudado ni reveló la identidad de los aportantes ante las consultas de LA NACION.La elección del lugar para las cenas no fue casual. El Yacht Club pertenece al Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, de notable expansión empresaria desde que Milei llegó al poder: en enero de 2026, el Gobierno les adjudicó dos de las cuatro centrales hidroeléctricas concesionadas a través de Edison Energía. Los Neuss, además, mantienen una amistad de larga data con Santiago Caputo: se conocen desde la infancia y compartieron encuentros en el Martindale Country Club de Pilar, según el libro El monje, de Maia Jastreblansky y Manuel Jove.Un balance con cuatro silenciosEl balance del ejercicio 2024 -aprobado en asamblea el 19 de mayo de 2025 y presentado ante la IGJ el 9 de abril de este año- llegó con casi once meses de retraso y con más preguntas que respuestas.La primera y más grave opacidad, según indicaron expertos consultados por LA NACION, es que el 99% de los ingresos figura bajo el concepto “donaciones, cursos, talleres y prevención”, pero el balance de Faro no identifica a ningún donante. La normativa de la IGJ exige individualizar a quienes superen el equivalente a 40 salarios mínimos. De ahí la intimación: la IGJ quiere los nombres, y la fundación tiene diez días para entregarlos.La segunda falta de claridad la asentaron los propios auditores de la fundación. Los contadores independientes de Crowe -la firma Canepa, Kopec y Asociados- remarcaron en su informe que, al momento de la presentación ante la IGJ, los estados contables todavía estaban pendientes de transcripción en los libros contables de Faro. Dicho de otro modo: la fundación presentó balances que ella misma no había registrado en sus propios libros.La tercera opacidad involucra $246,4 millones que constan anotados en los registros contables como “deudores varios”, pero sin identificar a qué personas físicas o jurídicas se les prestó ese dinero, ni en qué condiciones.La cuarta opacidad es la más paradójica: a pesar de haber recibido casi $5000 millones en donaciones, la fundación también tomó préstamos —$2,1 millones corrientes y $32,3 millones no corrientes— sin que el balance explique su origen ni sus condiciones. Registró además un depósito en garantía de $31,5 millones en el activo no corriente, lo que podría indicar el alquiler de un inmueble de envergadura, e ingresos de $3,2 millones por concepto de alquileres propios.En cuanto al destino declarado de los fondos, Faro sí detalló que invirtió $4188 millones -el 84% de sus ingresos- en fondos comunes de inversión, letras del Tesoro y bonos. El resto se distribuyó en eventos, campañas y difusión ($205 millones), alquileres y expensas ($116 millones), servicios de seguridad ($59,8 millones), impuestos ($76 millones), honorarios ($39,9 millones), gastos de oficina ($25,6 millones), sueldos ($23,9 millones) y viajes ($2,9 millones).Los montos resultan sustanciosos. A modo de contexto: las fundaciones ligadas al PRO —Pensar, Suma y Fundar— llegaron a recaudar juntas alrededor de un millón de dólares anuales en su momento de mayor actividad, entre 2013 y 2015; es decir, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, impulsaba su campaña hacia la Casa Rosada.“Batalla cultural” y red internacionalEl contraste entre el objeto estatutario de Faro -“abordar la vulnerabilidad social”- y el uso real de sus fondos se vuelve más estridente cuando se mira el destino final de parte de lo recaudado. Entre fines de marzo de 2025 y principios de marzo de 2026, la fundación gastó $1079 millones en publicidad política en redes a través de la cuenta “Ratio Oficial”, en más de 15.000 publicaciones clasificadas por Meta como publicidad política o electoral. La cifra sólo quedó por detrás de la Jefatura de Gabinete. Y en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en mayo y de la provincia en septiembre de 2025, Ratio fue la primera inversora individual en publicidad política, por encima incluso de la cuenta oficial de La Libertad Avanza. Verificadores identificaron además publicaciones con desinformación en temas sensibles.Laje, de 37 años, se reunió con Milei al menos cuatro veces en Olivos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025. A nivel internacional, integra múltiples redes conservadoras -CPAC, Fundación Disenso de España- y en abril de 2025 organizó en Buenos Aires el “Encuentro por la Libertad” junto al Centro para los Derechos Fundamentales de Hungría, la Fundación Heritage y Nación Futura, el think tank del partido Hermanos de Italia de Francesco Giubilei.La fundación cuenta o contaba, además, con exención impositiva ante ARCA, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. No hay constancia pública de que haya sido renovada, lo que significaría que desde enero de 2026 la entidad podría estar operando sin ese beneficio fiscal. Pero la IGJ no concentró sus focos en ese eje sino en uno más elemental: los donantes. Y les dio a los responsables de Faro diez días para dar los nombres. El reloj ya corre.