En el Gobierno estiman que el juicio por YPF se cerrará definitivamente antes de fin de año

El juicio del siglo contra el Estado argentino podría terminar definitivamente antes de fin de año. Los estrategas legales del Gobierno creen que, pese a que el fondo Burford buscaría apelar en la Corte Suprema de los Estados Unidos el traspié que sufrió ayer en los tribunales norteamericanos, las posibilidades de que ese paso prospere son prácticamente nulas, lo que clausuraría así un multimillonario litigio de más de US$18.000 millones, el más grande que tiene en contra el país. Fuentes oficiales contaron a LA NACION que, luego de que el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazara ayer el reclamo de Burford, el fondo inglés tiene ahora 90 días legales para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia del país que dirige Donald Trump. Ese tribunal, estimaron las fuentes, podría tomarse luego entre dos o tres meses para definir si toma o no el caso. Este medio se comunicó con los voceros del fondo inglés para preguntar qué decisión tomarán, pero hasta el momento no tuvo respuestas. En el Gobierno no tienen dudas de que apelarán la medida en la Corte Suprema estadounidense para “ganar tiempo” de cara a sus propios acreedores, que esperaban otro resultado para el juicio multimillonario. Pero la Corte Suprema de los EE.UU. toma entre 70 y 100 casos por año, y todos tienen un interés federal en ese país. Los estrategas legales argentinos consideran que existen muy pocas posibilidades de que la justicia norteamericana haga lugar a un tema en el que se debate el derecho societario argentino. Le asignan algo así como un “2% de chances”. En ese camino, los técnicos legales que diseñaron la estrategia legal para enfrentar el mayor juicio contra el Estado argentino se esperanzan con que el juicio por la expropiación de parte de YPF que llevó adelante el kirchnerismo se cierre definitivamente antes de que termine 2026. En la Procuración del Tesoro que dirige Sebastián Amerio seguirán, no obstante, teniendo un arduo trabajo, ya que quedan por resolver, por caso, el litigio por el Cupón PBI en Londres. Se trata de una denuncia por 1330 millones de euros (se actualiza por tasa Euribor). Aquí ya el Gobierno dejó 30 millones de euros en garantía. Además, se trabaja en el cierre de causas que quedaron del default de 2001. Por eso, se envió un proyecto al Congreso -ya hay dictamen- para clausurar acuerdos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para Attestor. Hubo reducción de la deuda de más del 30%. En el Gobierno creen que habrá apoyo político para lograr un avance. El 27 de marzo, luego del fallo de segunda instancia que ganó la Argentina, Burford había anunciado que evaluaba pedir la revisión en pleno, proceso que perdió ayer, y había adelantado además que “eventualmente” iría a la Corte Suprema de los Estados Unidos y al Ciadi (tribunal del Banco Mundial). “Rara vez concede tales solicitudes”, había dicho el fondo inglés sobre la posibilidad de que la Corte Suprema norteamericana tomara su caso contra la Argentina si la cámara rechazaba en pleno su pedido de revisión. Ayer, la Procuración del Tesoro de la Nación que dirige Amerio confirmó que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había rechazado el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina.“La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, indicaron desde la Procuración del Tesoro. “Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, se estimó en el comunicado. “La Procuración del Tesoro de la Nación reafirma su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional”, cerraron. Un largo litigioEl proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó en primera instancia a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen.De los tres jueces, Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de Preska, pero Chin y Robinson fallaron a favor; dijeron que el foro correcto para tratar el caso era Nueva York, pero que la jueza en primera instancia había interpretado incorrectamente la ley argentina y cómo se aplicaba.En la apelación, la defensa argentina había presentado varios argumentos con el objetivo de revertir la sentencia. El primero de ellos –que fue planteado por tercera vez ante la justicia estadounidense– sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y volvió a ser central bajo la administración de Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determinara qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.El segundo argumento era de carácter técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.Ese fue el argumento más sólido, ya que el Tribunal de Apelaciones en su fallo final dijo que la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. Además, señaló que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma.