La falta de infraestructura eléctrica desata el primer conflicto entre los proyectos de cobre en San Juan

El cobre dejó de producirse en la Argentina en 2018. Chile, que comparte la misma cordillera y los mismos recursos, exporta más de US$50.000 millones del mineral por año. La brecha entre ambos países no es geológica: es de infraestructura, regulación e inversión. Hoy, con Vicuña a punto de convertirse en la mayor inversión extranjera de la historia argentina —US$18.000 millones en una mina de cobre en San Juan—, esa brecha quedó expuesta en un conflicto que, por primera vez, enfrenta a varios proyectos cupríferos entre sí. El eje de la disputa es una línea de alta tensión que no alcanza para todos.El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Engre) —el organismo constituido recientemente que fusiona al ENRE y al Enargas bajo un mismo techo— convocó hoy a una audiencia pública para tratar la solicitud de Vicuña de ampliar la red de transporte eléctrico en San Juan y acceder con prioridad de uso a la capacidad resultante. La empresa, respaldada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, necesita electricidad para operar sus depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados a más de 4200 metros de altura en la cordillera sanjuanina.El plan de Vicuña tiene tres tramos. El primero es la ampliación de una línea de alta tensión ya existente entre los nodos Nueva San Juan y Rodeo, que aumente la capacidad de transporte eléctrico de 132kV a 500kV, mediante la instalación de motores transformadores en ambas estaciones transformadoras (ET). Los otros tramos incluyen la construcción de dos líneas completamente nuevas de 500kV y 220kV, respectivamente, que conectarán ET Rodeo con ET Chaparro (167 km), y ET Chaparro con una nueva estación transformadora Josemaría (93 km).La demanda inicial del proyecto minero es de 260 MW, con planes de escalarla a 400 MW y luego a 700 MW. La inversión en infraestructura eléctrica se estima entre US$400 millones y US$500 millones, y la construcción demandaría tres años.El problema surge con el primer tramo. Vicuña tendría prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad adicional que generaría esa ampliación durante 25 años por haber financiado la obra, según lo permite la nueva regulación que impulsó el gobierno de Javier Milei para incentivar la inversión en infraestructura.Pero esa línea no la construyó el Estado solo: empresas mineras que ya operan en la provincia —entre ellas Barrick y las titulares del proyecto Gualcamayo— aportaron más de US$133 millones para financiar el tramo Nueva San Juan-Rodeo. Y hay otros proyectos que también dependen de ese corredor para avanzar. El más adelantado es Los Azules, de McEwen Copper, que advirtió en la audiencia que una prioridad de uso por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale, en la práctica, a una exclusividad material sobre un corredor estratégico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).“La compañía espera que, con la audiencia pública, el ente regulador tenga la oportunidad concreta de corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio”, dijo Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules.La deuda de décadasEl trasfondo del conflicto es más viejo que cualquiera de los proyectos en disputa. La Argentina lleva décadas sin invertir en líneas de transporte eléctrico de alta tensión. Ese déficit acumulado, que frenó el ingreso de energía renovable al sistema y encareció la operación de grandes industrias, hoy se convierte en el principal cuello de botella para el desarrollo minero. “La expansión del sistema eléctrico de transporte ha sido insuficiente en las últimas décadas. El crecimiento de actividades mineras de gran escala volvió a poner en evidencia esas limitaciones”, señaló Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante la audiencia.El gobierno de Milei no tiene margen fiscal para financiar obras de infraestructura eléctrica. La solución que encontró fue regulatoria: a través de la ley de Bases, el decreto 450 y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, habilitó a las empresas privadas a financiar ampliaciones de la red y, a cambio, obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada. La lógica es que, sin ese incentivo, esas obras no se ejecutarían. El caso Vicuña es el primero en poner a prueba ese esquema en el sector minero.Desde Vicuña sostienen que la prioridad solicitada no implica exclusividad sobre el sistema, sino solo sobre la capacidad incremental que ellos mismos financiarían, y que cualquier otra empresa puede pedir su propia ampliación. “Si otro proyecto solicita una ampliación mayor, la prioridad de Vicuña se extingue”, explicó Adriel Rizzato, de la compañía. Agregó además que con 400 MW necesarios en la segunda etapa, no le sobra capacidad para comercializar con terceros: el objetivo excluyente es abastecerse.Pero el EPRE —ente regulador eléctrico de San Juan— y la provincia de La Rioja presentaron objeciones técnicas y jurídicas. Roberto Ferrero, en representación del EPRE, advirtió que llevar el vínculo Nueva San Juan-Rodeo de 132 kV a 500 kV alteraría en forma irreversible la física de la red regional, generando flujos de retorno que recargarían las instalaciones de la estación Nueva San Juan y comprometiendo el 18,6% de la capacidad del corredor de extra alta tensión Mendoza-San Juan. También cuestionó que Vicuña acceda a infraestructura parcialmente financiada por otras mineras sin compensarlas. Desde el gobierno provincial, en cambio, ratificaron su apoyo al proyecto y señalaron que hay instancias para alcanzar acuerdos.La audiencia convocada por el Engre no es vinculante. Pero lo que se resuelva tendrá consecuencias que van más allá de Vicuña: definirá si el nuevo modelo regulatorio puede funcionar como palanca para destrabar inversiones en infraestructura eléctrica o si, en cambio, genera más conflictos de los que resuelve.