¿Quién paga el Estado en un mundo de agentes de IA?

Los agentes de inteligencia artificial no solo transforman la producción; también transforman la manera en que se financia el Estado, un problema menos visible y más serio de lo que surge del debate diario sobre la transición tecnológica. El punto de partida es simple: si en el futuro una porción significativa del valor agregado mundial se genera con empresas basadas en agentes que no requieren oficina, ni residencia, ni jurisdicción, ¿dónde pagarán sus impuestos? El problema es el mismo que disparó el debate sobre tributación de la economía digital hace quince años, pero más intenso. Una empresa de agentes, sin empleados ni infraestructura local, puede relocalizarse casi instantáneamente, algo que ni las empresas de servicios digitales pueden igualar. Frente a esto, la tentación de competir por inversiones rápidas bajando alícuotas choca con tres problemas conocidos. El primero es la competencia fiscal destructiva: si todos reducen alícuotas, en equilibrio la recaudación tiende a cero y la única ganadora es la empresa móvil. Es la lógica que motivó la larga gestación del piso global de ganancias corporativas del 15%, acordado en 2021 por la OCDE, precisamente para frenar la espiral descendiente frente a la creciente movilidad del capital intangible. El Double Irish de los noventa -la estructura que Irlanda diseñó para que multinacionales tributaran casi nada sobre rentas globales- es hoy difícilmente replicable Segundo problema: las jurisdicciones con regímenes percibidos como abusos de arbitraje terminan, tarde o temprano, en alguna lista negra. La implementación del piso del 15% es desigual -Estados Unidos reabrió la negociación y obtuvo un tratamiento diferenciado para sus multinacionales- pero la dirección es clara: los espacios para arbitraje tributario agresivo se están cerrando; la resistencia de países desarrollados a perder base imponible es mucho mayor hoy que hace veinte años. El Double Irish de los noventa -la estructura que Irlanda diseñó para que multinacionales tributaran casi nada sobre rentas globales- es hoy difícilmente replicable. El tercer problema es que la recaudación surge en gran medida de impuestos al trabajo: aportes a la seguridad social, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias sobre salarios. En particular en América Latina, donde la carga tributaria efectiva sobre el trabajo formal es de las más altas del mundo en relación con la presión tributaria total. Si los agentes sustituyeran trabajo de manera significativa, la base imponible se erosionaría desde adentro, independientemente del régimen que se diseñe para gravarlos. Dispararse en el pieLa aritmética es simple: el agente puede ser más productivo que el ser humano, pero no necesariamente paga impuestos en la misma jurisdicción ni con la misma intensidad. Para que la sustitución sea fiscalmente neutra, el agente tendría que generar mucho más valor que el trabajador reemplazado. Existe un debate creciente sobre cómo responder a esta eventual erosión. Anton Korinek y Joseph Stiglitz vienen trabajando sobre tributación óptima en economías con automatización avanzada; Erik Brynjolfsson advierte sobre la “trampa de Turing”: el sesgo a diseñar IA que sustituya al humano en lugar de aumentarlo, mejorando ganancias sin necesariamente elevar la productividad y el crecimiento.Daron Acemoglu y Simon Johnson, en su libro Poder y progreso, señalan que la dirección del cambio tecnológico depende de instituciones e incentivos: subsidiar el capital frente al trabajo sesga la innovación precisamente hacia la sustitución que después habrá que mitigar con transferencias. Su prescripción -rebalancear a favor del trabajo- es correcta, aunque tal vez demasiado optimista. La tecnología responde a incentivos, pero no se deja redirigir mecánicamente por ellos. La incidencia de los impuestos sobre la intensidad de capital es finita: tarde o temprano se agota frente a diferenciales de productividad sostenidos. Y, en línea con lo que veníamos diciendo, conlleva una dificultad adicional: el capital no es físico sino tecnológico e intangible, es decir, difícil de gravar. Pero la advertencia de Acemoglu y Johnson sí debería tomarse en serio en su lectura inversa: desgravar relativamente al capital tecnológico para atraerlo sería agravar deliberadamente el problema. El elefante en la salaTambién es fiscal el problema distributivo, que algunos prefieren barrer bajo la alfombra invocando el mantra de que las nuevas tecnologías siempre crearon más empleos de los que destruyeron. Aun en el improbable caso de que algo de esto ocurra, ¿dónde irían los trabajadores desplazados por los agentes en la transición? Las salidas políticas posibles son esencialmente dos. La primera es pasiva: dejar que el ajuste lo absorban los desplazados, vía empleo precario, informalidad o salida de la fuerza laboral. La velocidad de adopción tecnológica juega en contra: como ilustro en un trabajo reciente, mientras la capacidad de reentrenamiento sea limitada -y, en muchos países, casi inexistente-, la congestión de desocupados derivará en desempleos largos, desaliento y menor participación laboral. Como resultado de todo esto tendríamos sociedades más desiguales, más hostiles y, eventualmente, políticamente inestables. Peor aún, la pasividad no resuelve el problema económico: el ingreso de los trabajadores desplazados es lo que sostiene el consumo masivo, y sin ese consumo la producción de los agentes no tendría mercado. Líderes tecnológicos como Elon Musk, Sam Altman, Geoffrey Hinton o Yoshua Bengio vienen advirtiendo hace años que una economía dominada por la automatización requiere alguna forma de redistribución activa para sostenerse. Hinton lo formuló con crudeza: “los ricos van a usar el machine learning para deshacerse de todos los demás, y después van a ser todos pobres y no va a haber a quién venderle nada". Agregaría que, desde el punto de vista fiscal, lo que el Estado no transfiere lo termina pagando vía menor recaudación y mayor gasto en seguridad y salud pública. La segunda salida -defendida por todos los citados (y por muchos otros)- es activa: transferencias masivas, en dinero o en bienes y servicios, que sostengan el consumo y amortigüe la transición. Esta opción también tiene sus condiciones. Sería fiscalmente coherente solo si los regímenes tributarios, progresivos en el papel, lo fueran también en la práctica; es decir, si la concentración de ganancias se tradujera efectivamente en una mayor recaudación. En particular, la opción del ingreso universal descansa sobre un supuesto fuerte: que el Estado pueda gravar efectivamente lo que se ha vuelto estructuralmente difícil de gravar. La experiencia no es alentadora: las rentas del capital, y especialmente las del capital intangible, tienen una notable capacidad para eludir la tributación nominal aun en países con sistemas progresivos. En América Latina, esto choca además con un espacio fiscal que simplemente no existe: la región tiene presión tributaria menor a la de la OCDE, deuda creciente y demandas sociales acumuladas que ya saturan los presupuestos. Todo esto sin contar con que un sistema de transferencias que complementen al trabajo remunerado como mecanismo de distribución requiere una capacidad y una voluntad política que hoy están en las antípodas de la moda ideológica. Pensar el régimen tributario para la era de los agentes requiere mucho más que pensar en una alícuota nueva para una base nueva. Al menos, exige imaginar de manera integral cómo se financia el Estado y cómo se distribuye el producto cuando el factor que históricamente sostuvo a ambos -el trabajo formal- está bajo presión estructural. Lo que vuelve productiva esta discusión es justamente reconocer que no hay una opción fácil ni óptima: elegir entre opciones imperfectas e inciertas con implicaciones sociales extremas exige conversaciones maduras y urgentes que todavía no estamos teniendo.