Copal advirtió que las provincias retienen $43.000 millones y financian sus cuentas con fondos de la agroindustria

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) advirtió que la acumulación compulsiva de Saldos a Favor (SAF) por el impuesto sobre los Ingresos Brutos se convirtió en un “financiamiento forzoso” para las provincias en los eslabones clave del agro. En un informe, la entidad que representa a 34 cámaras sectoriales destacó que $43.000 millones están atrapados por los fiscos provinciales, mientras las industrias aceitera, láctea y cárnica afrontan, indican, una expropiación encubierta de su capital de trabajo. Desde la entidad afirmaron que en la práctica “las compañías adelantan montos millonarios a las administraciones provinciales de manera compulsiva. Sin mecanismos de devolución o exclusión dinámicos, continúan engrosando los SAF inmovilizados”. Para las empresas del sector, esto equivale a un financiamiento forzoso y a tasa cero a las provincias y sus gobernadores, que afecta capital de trabajo, inversión, producción y empleo. Ya coordina 1000 hectáreas: la ingeniera agrónoma detrás de un sueño para revolucionar la producción hortícolaEn rigor, el stock acumulado equivale a 29 meses de impuesto determinado promedio, es decir, casi dos años y medio de carga tributaria adelantada. Destacaron que a lo largo de este último tiempo la situación empeoró y se profundizó respecto de marzo de 2025. Según indicaron, “no encuentran mecanismos efectivos de solución”. Copal representa 14.700 empresas en total.Las producciones del norte y de zonas extrapampeanas son las que sufren la peor parte de la asimetría federal. El caso de la provincia de Misiones es el emblema de este esquema distorsivo, precisaron, ya que concentra el 35% del total del SAF acumulado en todo el país. En promedio, una firma del sector tardaría 142 meses (casi 12 años) en absorber esos créditos fiscales.Pero el informe revela un caso testigo de la agroindustria que ya escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debido a los regímenes misioneros, el Establecimiento Las Marías, empresa del sector yerbatero, llegó a acumular un saldo mensual que implicó adelantar más del 30.000% del impuesto determinado. A ese ritmo, la compañía agroindustrial habría adelantado más de 300 años de impuestos, una cifra que —como ironizan con gravedad en los pasillos de COPAL— supera holgadamente la expectativa de vida de cualquier sociedad anónima. Detrás de Misiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se lleva el 26% del saldo inmovilizado y los recursos de las empresas que tienen base allí, pero producen en el interior. La provincia de Buenos Aires retiene el 9%- aunque con un esquema de devolución de dos meses, el más ágil de la muestra—, seguida por Salta con el 6% y Mendoza con el 4%.“Los Saldos a Favor de Ingresos Brutos son capital de trabajo atrapado por el sistema tributario. Son fondos que pertenecen a las empresas, que podrían estar motorizando inversiones y producción, sin embargo, están financiando a tasa cero a las provincias”, alertó Carla Martín Bonito, presidenta de Copal. La dirigente fue tajante al describir la encerrona en la que se encuentra el aparato productivo: “El problema es estructural, crónico y creciente... Empresas de nuestro sector están acumulando impuesto adelantado en forma creciente desde hace décadas". La dirigente recordó que “no es posible construir una economía competitiva sobre esquemas que obligan a adelantar impuestos inexistentes”.Desde Copal confirmaron que ya se encuentra en marcha un próximo relevamiento. Las señales preliminares que las mesas contables de las empresas agroindustriales envían a la cámara hasta ahora no son alentadoras: la proyección indica que la acumulación de fondos retenidos a tasa cero en un contexto inflacionario e inestable será “aún peor” que la registrada el año pasado. En la entidad recordaron que la agenda presentada a los ministerios económicos incluye cinco puntos innegociables: la eliminación lisa y llana de los regímenes de pagos a cuenta; la creación de mecanismos dinámicos y automáticos de devolución; la prohibición de seguir reteniendo dinero a empresas que ya tienen saldos a favor acumulados; la autorización para usar esos SAF para pagar otros impuestos provinciales y, fundamentalmente, avanzar hacia un sistema previsible.