Radares bajo sospecha: qué pasará con las fotomultas emitidas por equipos sin homologación y cómo distinguirlas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un relevamiento de los radares instalados en rutas nacionales con el objetivo de revisar su situación técnica y administrativa. El operativo incluyó controles sobre más de 40.000 kilómetros de corredores viales y derivó en la detección de equipos que operaban sin autorización o fuera de las condiciones establecidas por la normativa vigente.Durante las inspecciones, los agentes verificaron que solo 239 de los 363 radares fijos estaban instalados y funcionando en los lugares para los cuales habían sido autorizados, mientras que otros 124 equipos no se encontraban en el sitio declarado ante la ANSV al momento del relevamiento, lo que abrió una instancia de intimaciones a las jurisdicciones responsables para determinar si continúan operativos o si corresponde anular las habilitaciones otorgadas.El operativo también detectó 152 radares fijos instalados sobre rutas nacionales que, de acuerdo con la ANSV, funcionaban sin autorización nacional para labrar fotomultas. Frente a esas irregularidades, el organismo exigió la interrupción de los controles y el retiro de los dispositivos. La Ley Nacional 26.363 y el decreto reglamentario 1716/2008 establecen que cualquier cinemómetro que opere en rutas nacionales debe contar con autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fuentes del organismo indicaron que ya comenzaron a ejecutarse las primeras bajas de autorizaciones y que también se revisará la situación de los equipos con verificaciones técnicas vencidas. En esos casos, las provincias o municipios involucrados deberán regularizar la documentación y los controles técnicos para evitar la pérdida de las habilitaciones.En ese marco, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalaron que un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó la competencia del organismo nacional en materia de radares sobre rutas nacionales. La resolución judicial se produjo a partir de un planteo presentado por el municipio de Darwin, en Río Negro.A la vez, desde el organismo indicaron a LA NACION que “todo el sistema de radarización sobre rutas nacionales se encuentra actualmente en evaluación, con el objetivo de adecuarlo a la normativa vigente, garantizar transparencia en su funcionamiento y asegurar que cumpla su finalidad principal: la prevención de siniestros viales”.Para el abogado Guillermo Pacharoni, especializado en tránsito y seguros y asesor en seguridad vial, el relevamiento impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial también vuelve a poner en discusión la legalidad de muchas fotomultas y el alcance de las competencias nacionales y provinciales en materia de tránsito.“La cuestión del tránsito tiene un problema constitucional muy fuerte, que son facultades no delegadas por las provincias. Por ende, todo lo que regula el tránsito es provincial y no nacional”, sostuvo a LA NACION.