Reclamo de las familias: apartan a un cura denunciado por supuestos abusos sexuales en un jardín de infantes

CÓRDOBA.- Hace un año comenzó el derrotero de familiares de cuatro chicos del jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz, conocido como Niño Dios, de Villa Carlos Paz por supuestos abusos sexuales. Recién hace unos días la Fiscalía N°3 de esa ciudad unificó las denuncias, luego de una marcha en la que los padres y tutores de los menores solicitaron la imputación de un cura que, según ellos, es el principal sospechoso. Ahora, el sacerdote –que todavía no fue investigado– está alejado del cargo en la institución educativa. El martes pasado, el arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, Ángel Rossi, ratificó en un comunicado la decisión del cura Alejandro Nicola de apartarse de su cargo como director del establecimiento. En un breve texto, Rossi indicó: “Ratifico la decisión sugerida por el Padre Alejandro Nicola de tomar distancia momentáneamente del ámbito escolar a la espera de la definición por parte de la Justicia. Deseando que lleguemos pronto a la verdad, los saludo y me encomiendo a sus oraciones”.En diálogo con LA NACION, uno de los padres denunciantes –que oficia como interlocutor en representación de todo el grupo– precisó que la primera denuncia fue en mayo de 2025 y la segunda, en octubre del mismo año. Las otras dos ocurrieron este año, agregó. Corresponden a tres niñas y un niño de ese jardín de infantes, dependiente de la Parroquia del Niño Dios. La primera acusación ante la Justicia corresponde a una menor que presentó un sangrado vaginal y que sigue bajo estado shock. Desde lo sucedido, no habla. En el caso de la segunda, la alerta familiar comenzó cuando tuvo una pesadilla en la que gritó: “El monstruo me arranca la piel". Sus padres la llevaron al médico suponiendo que podía tener un problema orgánico; después de varios estudios, le recomendaron ver a un psicólogo.Enterada de las dos situaciones, una tercera madre le pidió a las otras dos reunirse porque “algo está pasando”. Si bien ambas por separado habían pedido reuniones con las autoridades de la escuela parroquial, afirman que “no les dieron ninguna explicación e incluso negaron conocer los hechos cuando sí habían sido informados”.El final de las clases marcó un punto de inflexión ya que, sin ir a la escuela, los chicos comenzaron a hacer comentarios en sus casas; solo la primera niña no lo hace. La segunda supuesta víctima le dijo en diciembre a su madre: “No te puedo decir, nos ven y nos escuchan” y le pidió que le preguntara a otras amiguitas, “que también saben”.Entre ellas, está la hija del padre que conversó con este diario. Fue él quien el 27 de diciembre, jugando en el parque y viendo fotos, le mostró una del director: “Ella se retrae y empieza con ‘no sé, no sé’... Le tapo los ojos y los oídos a la foto, y entonces señala ‘Es el que nos mira por las cámaras y nos sigue por los drones’. En enero empieza a ir al psicólogo y, en abril, hacemos la denuncia".El varón, hijo de otra familia denunciante, también dio el nombre de Nicola. Lo calificó de “monstruo” y contó que iban varios “en grupo”. “Nos hacía bajar las bombachas y los calzoncillos, y nos tocaba abajo”, describió.DisconformidadEl padre detalló a LA NACION que las primeras causas, “que estuvieron dormidas, se reactivaron después de que una panfleteada” que hicieron. “Los chicos hablaron en cámara Gesell” y también varios padres fueron convocados por la Justicia, afirmó. Podría haber más casos, según surge de contactos recibidos por el grupo de padres.Las familias están disconformes con el accionar de la escuela y también de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), con cuyas autoridades se reunirán en unos días.La JAEC difundió hace unas semanas un comunicado en el que expresó que en todas sus instituciones se asume “con la máxima seriedad y responsabilidad cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes”.“El cuidado de los menores es prioridad absoluta. El Arzobispado de Córdoba dispone de protocolos específicos de prevención y actuación dirigidos a todas las personas que desarrollan tareas con menores y adultos vulnerables”, añade. La referencia es a la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas, que fue “debidamente informada de la situación e interviene conforme a sus competencias”, mientras que “el establecimiento educativo cumplió con los protocolos e indicaciones que existen en el tema”.También plantearon su “preocupación porque algunos de los hechos mencionados llevan un año sin esclarecerse judicialmente. El colegio, sus representantes, autoridades y colaboradores docentes y no docentes, así como los padres, en general, que envían sus hijos e hijas a la institución, estuvieron y están siempre a disposición del Ministerio Público Fiscal y de los magistrados que actúan en los casos”.LA NACION contactó por el caso al colegio y a la fiscalía actuante, pero respondieron que no harán declaraciones.